Jornadas: Resistencias y autonomía de los pueblos indígenas. Conexiones por la defensa del territorio
Entre los meses de octubre y noviembre de 2016 se han celebrado en Cataluña las jornadas «Resistencias y autonomía de los pueblos indígenas. Conexiones por la defensa del territorio» organizadas por alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas en el marco del proyecto «Apoderamiento de mujeres y jóvenes indígenas en Guatemala y fortalecimiento de organizaciones indígenas por la exigibilidad de Derechos e incidencia en políticas públicas a nivel local, regional e internacional», dentro de la actividad de «Encuentro Barcelona» financiado por la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo.
La idea central de estas jornadas ha sido generar un espacio de diálogo y trabajo con la participación directa de tres representantes indígenas de Guatemala y Colombia, de representantes políticos y técnicos de la Administración catalana, y de miembros de la sociedad civil y del ámbito universitario para establecer alianzas entre los territorios de los pueblos originarios de Abya Yala y el territorio catalán. Los representantes de las diferentes organizaciones indígenas invitados a las jornadas han sido: Domingo Hernández Ixcoy (fundador y coordinador de la asociación Maia Uk’U’X B’E,), Leonicia Pocop Saloj (directora de la organización maya COINDI) y Aparicio Rios Hulia (miembro del CRIC y coordinador del área de Salud y de Medicinas de la CENCOIC).
Con este objetivo se han realizado varias actividades en los municipios de Barcelona, Girona, Cerdanyola del Vallès y Cardedeu, junto con la participación en la visita de algunos de los proyectos energéticos transnacionales de nuestro territorio en el marco del Volt III, entre los cuales se encontraba el Proyecto Castor en Alcanar; el Polígono Norte de la Petroquímica del Campo de Tarragona y el complejo químico Ercros en Flix. A lo largo de las jornadas se ha hecho resaltar la vinculación global entre los países a través de las empresas extractivas, junto con la necesidad de crear espacios de denuncia y apoyo internacional para hacer visible la cadena de responsabilidades que causan impactos medioambientales y socioculturales negativos.
Los representantes indígenas han denunciado la presencia militar en sus territorios y las prácticas corruptas de los gobiernos estatales y del sector empresarial tanto nacional como trasnacional. Como elementos comunes en los territorios indígenas, los tres invitados han señalado la criminalización, la represión y la persecución de los opositores a los planes de los gobiernos y a los intereses de las compañías sobre el territorio. Tanto en Colombia como Guatemala, la represión política y la criminalización son situaciones frecuentes que ponen en riesgo la vida de las personas que están al frente de las movilizaciones por la defensa de la vida y el territorio.
Por otro lado, todos los invitados han destacado que el apoyo y la presión internacional de las organizaciones, las administraciones públicas y los particulares ayuda a frenar el acoso y la criminalización de defensores y defensoras del territorio y de aquellos que participan en el procesos de resistencia. Por este motivo, en la reunión con organizaciones sociales, profesores universitarios y técnicos de cooperación de la provincia de Girona se ha propuesto la creación de una Red de Apoyo Mutuo con el objetivo de compartir los casos y comunicados que llegan desde Abya Yala y hacer difusión. También ha surgido la propuesta de recuperar los Comités de Solidaridad con dos propósitos: el primero, acompañar y apoyar a las personas implicadas en alguna lucha por la defensa de derechos que están recibiendo amenazas, y el segundo, hacer difusión de las denuncias y comunicados de casos de vulneración de derechos.
Uno de los otros elementos que se ha reiterado durante las jornadas, es la necesidad de llevar a cabo acciones formativas con las personas que se encuentran en procesos de defensa territorial. Los tres invitados han manifestado la pertinencia de llevar a cabo acciones formativas para que todo el mundo tenga conocimiento de sus derechos, así como elementos para reivindicar y denunciar los impactos negativos de las empresas trasnacionales. En este sentido, la participación en las Escuelas de Formación Política puede ser un espacio idóneo para apoderarnos como sujetos de derechos y fomentar la organización entre los diferentes colectivos para impulsar acciones y para denunciar las situaciones en que se den vulneraciones de derechos.
A la vez, los tres invitados remarcaron que hay que hacer un énfasis especial en la participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión institucionales sobre políticas públicas.
En el caso concreto de Guatemala, el país se ha caracterizado por ser uno de los lugares donde históricamente los hombres han dominado todos los espacios de participación, con lo cual las mujeres han quedado excluidas. Actualmente las mujeres de Guatemala, especialmente las indígenas, se enfrentan a varios obstáculos para lograr sus derechos de participación ciudadana y política, entendidos como la toma de decisiones sobre asuntos que afectan la vida, la comunidad, el municipio, el departamento y el país.
Con relación a los procesos de apoderamiento también se destaca el rescate de la gestión municipal de los territorios, que históricamente ha estado en manos de terratenientes, como es el caso de los resguardos indígenas de Colombia. Estos resguardos son instituciones legales originarias de la época colonial, que se consideran de propiedad colectiva, regidos por unos estatutos autónomos y con prácticas y tradiciones propias. Hoy en día, los pueblos indígenas que los habitan siguen luchando para conservar la propiedad colectiva sobre este territorio como unidad territorial y económica.
Para avanzar hacia el reconocimiento de las soberanías de los pueblos, en el Convenio 169 del OIT y en la Declaración de los Derechos del Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007) se reconoce la obligatoriedad de los Estados de obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sobre todas las leyes, proyectos, estrategias e infraestructuras que afecten sus territorios o sus formas de vida y organización social. En el caso concreto de Guatemala y Colombia, según han destacado los representantes de las organizaciones indígenas invitados, el procedimiento para obtener el CLPI se articula a través de las consultas comunitarias promovidas por las mismas organizaciones indígenas. En este sentido, se ha remarcado que el propósito de hacer una consulta comunitaria va más allá de obtener el CLPI, puesto que esta representa una oportunidad para fortalecer las luchas sociales y proyectar el futuro de las comunidades y del territorio. A pesar de que los pueblos indígenas consideren las consultas comunitarias una oportunidad, los estado nacionales, construyen modelos cerrados de consultas ignorando el contexto específico en que se llevan a cabo para desarticular los grupos locales organizados.
A lo largo de las jornadas se ha subrayado la aprobación unánime por parte del Parlamento de Cataluña por la creación de el Centro de Evaluación de los Impactos de las Empresas Catalanas al Exterior, una propuesta del Grupo Catalán de empresas y Derechos Humanos. El objetivo de este grupo es hacer un seguimiento de las empresas catalanas instaladas en el extranjero para denunciar los casos en que se produzcan vulneraciones de derechos tanto de la población local como del medio ambiente.
Otro espacio donde se fomenta la reflexión, el debate y la creación de propuestas estratégicas impulsadas por los pueblos indígenas son las cumbres Indígenas. En estos espacios, en los cuales participan organizaciones y personas indígenas del continente, se analizan las coyunturas y se definen las estrategias que marcan la hoja de ruta de las reivindicaciones y las propuestas impulsadas de los pueblos indígenas, como por ejemplo el rescate del concepto del buen vivir o la construcción de estados plurinacionales.
En el caso específico de Guatemala, para hacer presentes las demandas de los pueblos indígenas, la Coordinación y Convergencia Maya Waqib’ Kej, de la que participa Domingo Hernández (Uk’U’X B’E) ha elaborado una propuesta que incluye los principales retos políticos para la fundación de un Estado plurinacional a través de la reforma de la Constitución del país. Este documento se ofreció al personal técnico de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) en una de las reuniones programadas en el marco de estas jornadas. Los ámbitos de acción que se proponen constan de siete puntos básicos: 1) derecho al territorio, 2) participación política y autonomía, 3) desarrollo del sistema jurídico de los pueblos indígenas, 4) ejercicio pleno de todos los derechos, 5) desmercantilizacion y economía por la vida, 6) respeto y promulgación de la cultura de los pueblos indígenas y 7) consideración de la relación de reciprocidad que se establece con la Madre Tierra según la cosmovisión maya. La primera edición de estas demandas se presentó el 24 de noviembre de 2015 en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la ciudad capital. Y el día 9 de agosto de 2016, coincidiendo con el Día de los Pueblos Indígenas, se presentó a los máximos responsables gubernamentales del país.
A modo de conclusión, estas jornadas han sido una experiencia más que ha puesto de manifiesto la limitación del modelo político económico actual, el cual limita la autonomía de los pueblos para decidir como quieren vivir y convivir con su entorno. A través de las experiencias de Domingo Hernández (Uk U’X B’E), Leonicia Pocop (COINDI) y Aparicio Rios (CRIC y CENCOIC) y de sus procesos de lucha, las jornadas han conseguido establecer alianzas entre organizaciones del territorio catalán y organizaciones de Abya Yala para seguir avanzando en la construcción de una soberanía real de los pueblos. En palabras de Domingo Hernández Ixcoy: “Si los empresarios y las grandes empresas globalizan la economía, nosotros debemos globalizar la resistencia”.
A partir de las diversas reuniones con técnicos de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, los representantes indígenas destacaron la necesidad de configurar y trabajar en redes internacionales de solidaridad y resistencia. Así pues, trabajando localmente para avanzar hacia la transformación social de los modelos hegemónicos neoliberales puede repercutir en un cambio de paradigma global. La suma de pequeñas voluntades, oposiciones y resistencias a este modelo socioeconómico, y las relaciones de solidaridad entre los diversos movimientos sociales en lucha puede fortalecer las organizaciones y a las personas defensoras de derechos humanos generando sinergias positivas para lograr nuestros objetivos. Por su parte, las administraciones públicas y las instituciones, como garantes de los derechos sociales políticos y económicos de la población, tendrían que apoyar estos procesos y generar mecanismos para “evitar” la vulneración de derechos. En este sentido, como alternativa, asumimos el compromiso firme para seguir trabajando conjuntamente por la defensa y el reclamo del cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos.